El fracaso del SAR
y sus onerosas comisiones
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Sin control oficial miles
de suplementos alimenticios



Pactan cero tolerancia
a la pandemia del siglo XXI



Logran comunicación con personas en estado vegetativo


La infidelidad como negocio
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La diabetes,
subdiagnósticada en México





El fracaso del SAR
y sus onerosas comisiones



 

 

Mientras en Perú, Mario Vargas Llosa aseguraba que el candidato presidencial Ollanta Humala “respetará” el derecho de propiedad y las Administradoras de Fondos de Pensiones, en México, Vanesa Rubio, vocera de la Comisión de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y Oscar Franco, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE), reiteran que frente al “modelo” ISSSTE con aportaciones de 11.3, las de los trabajadores del Apartado A -amparados por la Ley IMSS “reformada” por Zedillo en 1997- “son de las más bajas” en comparación internacional: 6.5 por ciento más la cuota social. El gran “desafío”, claman, consiste en “aumentar el esfuerzo del ahorro para el retiro”.

Pero la evidencia reciente muestra más bien que, junto con la reforma a fondo al fracasado SARZedillo -para ajustarlo a la realidad laboral del siglo XXI mexicano- hay todavía algo qué hacer: actuar decididamente sobre el nivel de comisiones que cobran las Afores.

Es de sobra conocido que el monto de las pensiones corre el riesgo de ser menor en el futuro por la falta de regulación que incentive a las Afores a reducir esas comisiones. Ellas montan 1.52 por ciento del saldo de la cuenta. El promedio anual cobrado suma mil 220 pesos (104 dólares), uno de los niveles más altos de América Latina.
Urge rediseñar esta estructura para que la comisión no sea más que de medio punto, toda vez que ellas no están para beneficiar a las Afore, cuya inversión ha sido más que recuperada.
No falta quién señale que un medio punto de comisiones cobradas de más por la Afore durante la vida laboral de un trabajador reduciría su pensión en más de 10 por ciento. Y tampoco falta quién critique a Vanesa Rubio y la CONSAR como “regulador” porque sólo “argumentan” que las comisiones están “al nivel” de las internacionales. Con el agravante de que el grueso de esa comisión se consume en el pago de promotores, costo que deberían asumir las propias Afores de sus fondos y no del bolsillo de los trabajadores.

Lo que la experiencia internacional muestra y que ya debería estarse ensayando en México es que, al menos, en Suecia, Bolivia, Colombia, El Salvador, Bulgaria, Estonia, Hungría, Kazakhstan, Polonia y Eslovenia se procura evitar que las comisiones mermen la pensión obligando a que, por ejemplo, las que cobran las Afores no superen las de las sociedades de inversión o creando subastas de paquetes de afiliados para entregarlos a la Afore que ofrezca la comisión más baja. Igualmente que las Afores garanticen rendimientos mínimos que, de no materializarse, las obligue a no cobrar comisión alguna.

Pero sin duda, el problema de fondo para realmente reformar a fondo el fracasado SAR-Zedillo es el del alcance efectivo de la pensión. Y es que, aún con un salario medio y suficientes años de cotización, el punto final de la carrera laboral de quienes opten al retiro vía cuentas individuales devengarán una pensión extraordinariamente baja.
Según la Consultora Lorant MS, un trabajador con 30 años cotizando -que cobra 44 mil 850 pesos- sólo llegará a una pensión de 13 mil 886: 15.46 por ciento de su último salario, debido a la baja aportación y al impacto de la comisión. Además de que todavía deberá asumir el costo de contratar una aseguradora que se la ministrará calculándola sobre la base del salario acumulado y su expectativa de vida (Reforma, 3.5.11).
Es mucho peor el caso de quién sólo gana mil 794 pesos. Con 30 años cotizados la pensión mensual sumará apenas 934 pesos: 26.05 por ciento del último salario.

Ese es el problema de fondo del SAR-Zedillo que debe ser urgentemente reformado. Como bien señala el actuario experto en pensiones José Luis Salas “todos los trabajadores que se tengan que jubilar con la Ley Zedillo del IMSS (1997), tendrán que comprar su pensión en una aseguradora. México será un país de viejos pobres. Por más eficiente que hagamos el sistema, las pensiones van a ser pobres”.
Por algo, también, doce actuarios especialistas -Marcela Flores y Alejandro Turner entre ellos- han concluido impecablemente que el SAR no resultó como se planeó y los trabajadores que se jubilen dentro de 25 años recibirán únicamente entre 10 y 20 por ciento de su último salario Ello sucederá, demuestran, porque los rendimientos son insuficientes, el SAR carece de incentivos para la competencia y los trabajadores no cuentan con la información necesaria (Temas relevantes y aplicaciones prácticas en materia de retiro y jubilaciones en México, Ernst&Young, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas-IMEF, Lockton).

Pero para Vanesa Rubio y Oscar Franco el asunto es muy otro. A pesar de las recurrentes “minusvalías”, Rubio estima que “cerca” del 40 por ciento de los 1.6 billones de pesos en las Afores “son solamente rendimientos” y ellas siguen siendo los instrumentos “más rentables” del mercado mexicano “en el largo plazo”. Muchos esfuerzos de difusión se han hecho para “concientizar” a los trabajadores “de ver” el rendimiento neto, insiste. Porque “lo que importa son los rendimientos de largo plazo”. ¿Pero es, acaso, un problema sólo de “concientización”? Y Franco reitera cómodamente que los trabajadores “deben informarse bien”.
Sin duda: junto de la reforma de raíz al fracasado SAR-Zedillo y la “reforma” Calderón del ISSSTE, hay mucho que hacer.

*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco

 
 
     
 

Sin control oficial miles de suplementos alimenticios
Elevan sanciones a fabricantes de productos "milagro"
 

En México circulan sin control más de 21 mil productos que obtienen su registro como suplementos alimenticios , pero a la población se les vende c omo medicamentos “milagrosos”. La publicidad de éstos es vista por casi 112 millones de personas en México y otros 50 millones en Estados Unidos sin que sean sancionados.

Lo anterior se puso de manifiesto en el debate tras el cual la Cámar a de Diputados aprobó reformas a la Ley Gener al de Salud par a elevar las sanciones a los fabricantes de los llamados productos “milagro” , al establec er una multa de hasta cinco por ciento de las ventas anuales obtenidas por estas empresas.

La diputada María Cristina Díaz Salazar (PRI) indicó que actualmente se publicitan medicamen tos y diversos productos a los que se les atribuyen propiedades terapéuticas o de rehabilitación, y este tipo de publicidad cuenta con un formato que gener a confusión en el público consumidor, que tienden a provocar la compra impulsiva.

Con 252 votos a favor , cero encontra y una abstención se aprobó el dictamen en el que se estableció también que dichos productos no podr án publicitarse hasta que no cumplan con los requisit os aplicables a la clasificación sanitar ia bajo la cual se ostentan, y obligar de esta maner a a que el pr oductor cumpla con los r equisit os de la aut or idad sanitaria.

A su vez, el diputado Miguel Antonio Osuna Millán (PAN) mencionó que la promoción y comer cialización de éstos no son un tema reciente, pues desde hace varios años “ hemos venido viendo anunciándose todo tipo de remedios a los cuales se les a tr ibuy en alivios casi instan táneos, siendo que un mismo remedio alivia desde un r esfr iado simple hasta un mal crónic o degenerativo”.

Estas empresas , subrayó, basan el éxito de sus productos en la publicidad y difusión para seducir a sus potenciales clientes , al asegurar que lo ofrecido está probado en diversos hospitales de países, incluso, del primer mundo y que se encuentran disponibles en las farmacias de prestigio del país .

Osuna Millán mencionó que la publicidad de estos pr oductos es vista, por una gran parte de la población en México , ya que utilizan medios de comunicación masiva, lo que les permite tener un gran nicho de mercado, “lo cual nos ilustra acerca de la penetración social que han tenido entre la población y la repercusión potencial en daños a la salud”.

  El diputado Leandro Rafael García Bringas (PAN) subrayó que la publicidad que se despliega y las que hacen las empresas de “productos milagro”, constituye un riesgo potencial para toda la salud de los mexicanos, pues a través de sus actividades publicitarias se desvirtúan las verdaderas características terapéuticas.

Con la reforma, abundó, se establece que aquellos productos que ofrezcan beneficios que no corresponden a sus clasificaciones sanitarias, función o uso, no podrán publicitarse hasta que cumplan con los requisitos aplicables, y la información contenida en el mensaje sobre calidad, origen, pureza y conservación dentro de las propiedades nutritivas y beneficios de empleo deberán ser comprobables y acotadas.

Por el PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) se manifestó a favor del dictamen, pues se aborda una problemática de productos claramente fraudulentos. “Es una tragedia que el pueblo pobre esté gastando un dineral en eso, que además le dicen que si lo compra le mandan 50 paquetes, que no desaproveche la oportunidad”.

Agregó que no se le puede llamar “productos milagro”, sino productos absolutamente fraudulentos, mentirosos y dañinos, pues no sólo no atacan lo que dicen, sino generan problemas de salud evidentes en la población. “Me parece que nos quedamos cortos en las sanciones, cinco por ciento de las ventas, deberían de ser clausurados esos negocios”.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (PRD) se manifestó por apoyar la reforma, toda vez que el dictamen busca que no se publiciten dichos productos hasta que no se compruebe lo que dicen, y que en esa publicidad no se diga que son verdaderamente fantásticos.

Posteriormente, se avaló la reserva de la diputada María Cristina Díaz Salazar (PRI), al párrafo segundo del artículo 301 del dictamen, para que en caso de que la autoridad tenga conocimiento de que la publicidad no cumpla con lo establecido, la autoridad procederá a asegurar el producto y suspenderá la autorización emitida e iniciará el procedimiento administrativo correspondiente, a efecto de imponer las sanciones.
 
 

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